La gran chapuza (0 puntos)

Después de que los españoles, con el dinero de nuestros impuestos, tuviésemos que pagar las deudas de los clubes para rescatar al fútbol de la quiebra, en abril de 1995 se publicaba una nueva norma para profesionalizar la gestión de los clubes. Un texto para completar y dotar de sentido a la Ley del Deporte y la de Sociedades Anónimas Deportivas de 1991. El objetivo era garantizar, por escrito, que el fútbol sería capaz de controlarse. Para evitar el despilfarro de los clubes, se pactaron exigencias económicas que deberían cumplir todos los equipos para poder participar en la Liga. Los clubes tenían un plazo de un mes, desde el comienzo de temporada, para acreditar sus cuentas estaban auditadas, que los miembros de los Consejos de Administración avalaban parte de sus presupuestos y que estaban al día con las administraciones públicas, Hacienda y Seguridad Social. Tal y como recoge un impecable artículo de Óscar Díez, el reglamento aplicaba que, si en el plazo de 30 días un club no reunía esa documentación, la LFP negaría su inscripción en el campeonato. En apenas cuatro meses, los propios clubes, que habían sido rescatados con el dinero de los impuestos de los españoles, se pasaron por la entrepierna la nueva norma establecida para controlar sus dineros. Como suena.

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